El pasado 26 de julio el Juzgado del Contencioso-Administrativo nº 2 de Lugo dictó sentencia dejando sin efecto las sanciones impuestas por la Subdelegación del Gobierno de Lugo a miembros de la Plataforma Sarriana polo Río, la raíz de la manifestación celebrada en Sarria el 25 de marzo de 2014 en relación con las obras de encauzamiento del río Sarria.
La Subdelegación del Gobierno de Lugo, dirigida entonces por Ramón Carballo Páez, impuso a varios miembros y simpatizantes de la Plataforma Sarriana polo Río sanciones económicas por la supuesta comisión de infracciones graves en materia de seguridad ciudadana. Los recursos de alzada presentados en su día habían sido rechazados por el Ministerio del Interior. Ahora, el Juzgado anula estas resoluciones argumentando que las acusaciones genéricas no bastan para destruir la presunción de inocencia de los sancionados.
Cabe recordar que aquel 25 de marzo los vecinos de Sarria salieron la calle, sin ser previamente convocados, indignados por el desalojo de los miembros de la Plataforma que habían acampado en la Isla do Toleiro –e impediendo así la tala de los ‘ameneiros’ – desde un mes antes.
No fue una manifestación convocada, sino la reacción espontánea de los ciudadanos ante la percepción de que la Isla, el río, los ameneiros y los puentes quedaban desprotegidas. No hubo convocatoria y por eso no hubo notificación a la Subdelegación del Gobierno. Esta realidad es tenida en cuenta por el Juzgado, en contra de la Subdelegación del Gobierno que pretendía imponer sanciones a causa de una supuesta manifestación no notificada a la Subdelegación.
No es la primera vez que la Justicia corrige las resoluciones sancionadoras de la Subdelegación del Gobierno de Lugo, confirmadas por el Ministerio del Interior, en relación con acontecimientos ligados a la defensa del patrimonio natural y cultural que llevó a cabo la Plataforma Sarriana polo Río.
Así, por sentencia de 23 de noviembre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Lugo ya había fallado contra la Subdelegación del Gobierno de Lugo al estimar la demanda de la Plataforma Sarriana polo Río y anular -al ser contrarias a Derecho- las resoluciones sancionadoras dictadas por la Subdelegación contra cuatro sarrianos tras una sentada en contra del Proyecto de encauzamiento del río Sarria en la desaparecida puente do Toleiro la misma mañana de aquel 25 marzo de 2014, en conexión con el desalojo de la Isla. Tanto la sentencia de 2016 como la más reciente se hacen eco de la falta de rigor de los expedientes sancionadores.
La Plataforma denunció en su día que las arbitrarias actuaciones del entonces Subdelegado del Gobierno no eran ajenas a la intención de amedrentar a los vecinos de Sarria que estaban protestando contra el Proyecto de Encauzamiento, es decir, la intención de eliminar la oposición en la calle al proyecto de sus compañeros de partido en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), procurando de este modo ayudar a la CHMS a sacar adelante un proyecto que estaba naufragando y que, finalmente, como está a la vista de todos, naufragó.
«A vía da represión intentada dende a Subdelegación do Goberno naquel tempo non só non tivo efecto sobre a mobilización dos veciños de Sarria senón que está sendo agora corrixida por parte da Xustiza», apuntan desde la Plataforma
La reacción pacífica de los vecinos de Sarria determinó el fracaso de unas obras de encauzamiento que no tenían justificación, el plan de encauzamiento implicaba un coste medioambiental y de patrimonio cultural inasumible.
«Perdimos a vella ponte do Toleiro, pero a ponte de Ferro e a Ponte Ribeira seguen en pé. Case todas as árbores da ribeira continúan a dar sombra. Agora só queda pedir ás Administracións implicadas –a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Xunta de Galicia e o Concello de Sarria– que por unha vez pensen no ben común e busquen unha solución respectuosa co patrimonio que permita reabrir a Ponte Ribeira á maior brevidade posible», manifiestan desde la Plataforma Sarriana polo Río
Desde esta misma Plataforma, vienen diciendo desde hace cuatro años que esa solución existe. «É a máis rápida e a máis económica: repoñer o taboleiro da ponte respectando a estrutura dos piares. Algún día esas Administracións terán que explicar os seus motivos para facer oidos xordos a esa proposta».
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