La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, firmó este miércoles con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas el documento que fija la postura de Galicia de cara a reforma de la PAC. El texto fue suscrito por representantes de Uniones Agrarias, de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) y de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca). Este documento será trasladado ahora al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por parte de la Xunta, para incorporar las aportaciones de Galicia a la posición conjunta de España como Estado miembro.
En el documento de consenso, Galicia propone un decálogo de medidas que pasan, en primer lugar, por mantener una PAC coherente (y común) a nivel de la Unión Europea, estableciendo por parte de la Comisión criterios iguales obligatorios para todos los estados en las principales definiciones. Se rechaza cualquier posibilidad de renacionalización y se considera que la estructura de la PAC debe seguir estando basada en dos pilares, y el primero de ellos (ayudas directas) debe financiarse exclusivamente con fondos europeos.
Al tiempo, se aboga por el establecimiento de medidas que reconozcan las peculiaridades de cada territorio. En este sentido resulta fundamental el correcto desarrollo de los planes estratégicos que adaptarán la PAC la cada Estado miembro, pero siempre que haya un único plan por Estado, que recoja las singularidades de cada comunidad autónoma.
Ayuda por explotación
Se considera además adecuado establecer un tope máximo de ayuda por explotación, para favorecer a las de menor dimensión, pero parece excesivamente alta la propuesta de la Comisión de limitar el importe a 100.000 euros por explotación, prefiriendo un techo de 60.000 euros. En todo caso, los fondos que se liberen por la aplicación de esta medida deberían financiar medidas estratégicas generales y destinarse al pago redistributivo a la renta, a jóvenes, pagos acoplados, convergencia, etc.
En esta postura común de Galicia se apuesta también por favorecer el apoyo a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, especialmente porque se apoyen las sociedades en las que se incorporen los agricultores jóvenes, de una forma menos restrictiva que la actual. Se defiende, además, una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales, así como para las pequeñas explotaciones.
Otra de las demandas de Galicia tiene que ver con el establecimiento de medidas que permitan responder de forma rápida a las oscilaciones de los precios de los productos agrarios y de los factores productivos como los piensos y la energía, de forma que los agricultores puedan mantener sus rentas ante estas contingencias.
Se defiende también el establecimiento de una ayuda redistributiva de forma que el importe de las primeras hectáreas sea superior al del resto, para garantizar el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones, algo esencial en territorios como Galicia y la Cornisa Cantábrica, donde las explotaciones están limitadas por la orografía y el modelo productivo es el familiar. Al tiempo, se considera preciso no incrementar las exigencias medioambientales en los territorios donde estos requisitos puedan suponer una excesiva presión para el desarrollo de la agricultura, simplificándose las tramitaciones administrativas.
