La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), asumirá nuevas competencias en materia de disciplina urbanística en 13 ayuntamientos. Así se plasmó esta mañana con la firma de los correspondientes convenios por parte de la conselleira Ángeles Vázquez Mejuto y de los alcaldes de Pantón, José Luis Álvarez, de Ares, Julio Iglesias, de Mugardos, Juan Domingo de Dios, de Cariño, José Miguel Alonso, de Barro, Xosé Manuel Fernández, de la Pastoriza, Primitivo Iglesias, de Begonte, José Ulla Rocha, de Becerreá, Manuel Martínez, de Castroverde, Xosé María Arias, de Vilardevós, Manuel Cardoso, de Sandiás, Felipe Travieso, de Gomesende, Pura Rodríguez, y de Punxín, Manuel Vázquez.
Aunque estos 13 ayuntamientos ya estaban adheridos a la APLU, los convenios suscritos hoy permitirán al organismo dependiente de Medio Ambiente ampliar su capacidad de intervención ante eventuales infracciones, ya que asume también las competencias en caso de que la obra en cuestión esté sujeta solo a una comunicación previa municipal.
Hasta el momento, en estos municipios solo se contemplaba la intervención de la Agencia cuando las obras requirieran de una licencia municipal. Sin embargo y en respuesta a una petición de las propias entidades locales, la APLU anunció el año pasado la posibilidad de extender su intervención a todo tipo de obras, siempre que el ayuntamiento lo solicite previamente y mediante una modificación de los convenios de adhesión originales.
Con esta ampliación competencial lo que se busca es responder al hecho de que, en la práctica, son precisamente las pequeñas construcciones, como muros de cierre o alpendres y que no están sometidas a licencia municipal, las que generan muchas de las infracciones urbanísticas en los ayuntamientos más pequeños, por lo que la ayuda de la APLU en este sentido resulta muy interesante.
Durante el acto, Vázquez Mejuto felicitó a todos los alcaldes presentes por dar «un paso máis» a favor de un correcto uso urbanístico de su territorio y de la protección del paisaje. En esta línea, recordó que el principal objetivo de la APLU –la primera agencia urbanística de ámbito autonómico que se puso en marcha en España- es velar por la legalidad y garantizar el control sobre las posibles infracciones que se produzcan en materia de urbanismo.
Hace falta recordar que, en estos momentos, 82 ayuntamientos gallegos tienen delegadas en la APLU sus competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada por obras o intervenciones que se ejecuten en suelo rústico. La Agencia, por su parte, se compromete a transferir a todos los ayuntamientos adheridos un 10% de la cuantía total recaudada en concepto de multas coercitivas y sanciones.
Asimismo, Ángeles Vázquez reconoció que la APLU juega un papel fundamental a la hora de concienciar a la sociedad de la necesidad de cuidar el territorio. Y no solo por el hecho de que en la última década más de 60 ayuntamientos «de todas as cores políticas» habían confiado parte de sus competencias a este organismo, sino también porque propició la concienciación de la población gallega, tal y como demuestra la reducción de las multas coercitivas impuestas por el organismo en 2018 o el hecho de que un 94% de las demoliciones efectuadas fueron realizadas por los particulares infractores.
