El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Lugo viene de anular el decreto de la Alcaldía de Chantada que estableció unos servicios mínimos del 94.1% para la huelga del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por ser desproporcionado y por impedir, en la práctica, que las trabajadoras pudiesen ejercer este derecho fundamental. La sentencia da la razón a lo que durante meses estuvieron denunciando las trabajadoras y la CIG y condena el Ayuntamiento a pagar las costas procesales, que cuantifica en 800 euros.
Hace falta recordar que las trabajadoras del SAF de Chantada iniciaron una huelga indefinida el 28 de octubre de 2019 contra la decisión del Gobierno local de privatizar el servicio. Sin embargo, el Ayuntamiento, alegando que se trata de un servicio esencial impuso un servicios mínimos próximos al 100% que impidió el normal desarrollo de la huelga. De hecho, -según apunta la CIG- en la sentencia se reconoce que el criterio utilizado por la Administración para cuantificar el porcentaje de actividad mínima «no es muy convincente» ya que no se tuvieron en cuenta las necesidades de las personas usuarias para evaluar la determinación de los servicios mínimos.
«No se puede dar por probado que la perturbación del servicio de ayuda en el hogar por consecuencia de la huelga pudiese frustrar totalmente el derecho o producir en él resultados irreversibles porque hay una falta de estudio de las circunstancias personales de cada prestatario», se afirma en la resolución judicial, coincidiendo con el argumento defendido por las trabajadoras y la CIG alertando que el decreto vulneraba derechos fundamentales y demandando su modificación.
Hay que subrayar que a pesar de las dificultades, la firmeza de las trabajadoras contra la privatización del SAF y para exigir una ayuda a domicilio de calidad, 100% pública y con unas condiciones laborales dignas fue firme y mantuvieron paro indefinido hasta el inicio del estado de alarma. Desde entonces poco se sabe de la fase en la que está la externalización del SAF ya que, según el Ayuntamiento, se publicaron las bases en el Diario Oficial de la UE, «pero descoñecemos cales son as condicións dos pregos porque non llos trasladaron á representación social, ou sequera se foron publicados no DOG ou no BOE», explica Xosé Manoel Silva, responsable de la Unión Local de la CIG de Monforte.
«O que si é certo, -añade-, é que non se están cubrindo as ausencias, porque o Concello di que durante o estado de alarma non pode realizar contratacións. É dicir, o Goberno local impediu as traballadoras exercer o seu lexítimo dereito á folga escusándose en que son un servizo esencial que non se pode deixar de prestar, pero agora, na situación de emerxencia sanitaria, non lle importa desatender ás persoas que, precisamente, máis atención necesitan».
Además de la huelga y de las movilizaciones, en su lucha contra la privatización del servicio, las trabajadoras entregaron en la Consellaría de Política Social más de 3.000 firmas recogidas entre el vecindario y promovieron una moción de apoyo en la Diputación de Lugo, que fue aprobada con los votos a favor del PSOE y BNG «mentres que o PP votou en contra» apuntan desde la Unión Local de la CIG de Monforte.
