El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, propuso a la Xunta durante su comparecencia de este jueves en el Parlamento de Galicia la integración de las residencias públicas de la institución provincial dentro de la red autonómica de centros de atención a personas mayores. «Estamos en disposición de negociar esta proposta co Goberno galego. Espero que o Presidente da Xunta sexa tan sensible cara ela, como o é coas propostas que lle ofreceu a Fundación Amancio Ortega, ao que, sen ningunha dúbida, hai que agradecer a súa xenerosidade», subrayó Tomé.
Tomé Roca recordó durante su intervención en la Cámara gallega que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Xunta las competencias en asistencia social y la propia Ley de Servicios Sociales el deber a la comunidad autónoma a firmar convenios de colaboración con las entidades locales para la creación, gestión y mantenimiento de los servicios sociales.
El presidente ratificó una vez más que la Diputación seguirá adelante con todos los compromisos adquiridos de construcción y puesta en marcha de residencias, pero, al mismo tiempo, recalcó, «dende a lealdade e a través do diálogo, seremos moi esixentes coa Xunta de Galicia, que ten que asumir a súa responsabilidade en materia de servizos sociais».
Según explicó el mandatario provincial en la Comisión 3ª de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento, precisamente las políticas sociales son una de las prioridades de los presupuestos de la Diputación para lo 2020, que, con más de 92 millones de euros -3 más que en este 2019-, también tienen como líneas de actuación fundamental la cooperación con los ayuntamientos -con 20 millones de euros para el Plan Único-, la mejora de la red viaria y el impulso de los sectores productivos, nombradamente el primario y el turismo. Tomé avanzó que los Presupuestos serán debatidos en el Pleno de noviembre con el fin de que entren en vigor en enero de 2020.
El presidente provincial destacó que el objetivo prioritario y transversal que marcó en su toma de posesión, hace poco más de tres meses, que fue recuperar la tranquilidad y normalidad institucional es ya una realidad, así como la tónica de diálogo y consenso, tal y como demuestra que el 62% de los acuerdos plenarios adoptados en lo que va de mandato fueron por unanimidad.
Así, con el consenso de todos los grupos políticos de la Corporación, se acordaron medidas de gran calado, como fue la disolución de la Sociedad Urbanística Provincial (SUPLUSA), en la que además las tres fuerzas políticas formarán parte, en igualdad de condiciones, de todo el procedimiento administrativo que desembocará en la disolución de la entidad mercantil.
