En el año 2020 se realizaron en Galicia 4.358 abortos. El 70% practicados en la sanidad privada

Según el BNG, la mayor parte, 2.490 fueron realizados en centros extrahospitalarios y 1.868 en la sanidad privada.

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A través de una pregunta al gobierno, sobre las medidas adoptadas por la Xunta para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública gallega, la portavoz de sanidad hospitalaria, Iría Carreira afirmó que la mayor parte de los abortos del año 2020, «2490 foron realizados en centros extrahospitalarios e 1.668 na sanidade privada» es decir, «7 de cada 10 abortos foron practicados na privada». La diputada del BNG reclamó a la Xunta cumplir el acuerdo unánime del Parlamento gallego de 26 de octubre del 2021 para garantizar la interrupción del embarazo en la Sanidad pública gallega.

La nacionalista explicó que la situación se agrava en la provincia de Lugo donde la mitad de las mujeres que interrumpieron su embarazo en los últimos tres años tuvieron que hacerlo fuera del área sanitaria y según los datos proporcionados por el Sergas, «das 386 as mulleres que solicitaron abortar nalgún centro da área sanitaria luguesa, 180 foron derivadas a un centro privado concertado na Coruña se a muller reside na Mariña ou Lugo e senón, á Coruña ou Vigo, se vive na zona sur».

«No hospital da Mariña non se practican abortos de ningún tipo de interrupción do embarazo porque todo o servizo de Xinecoloxía é obxector de conciencia e no hospital de Monforte non se realizan abortos por debaixo das 14 semanas, na que só media a autonomía da muller, todos os demais, son derivados, aínda que si se realizan abortos entre as semanas 14 e 22 por motivos terapéuticos».

En el caso del Hula, sucede algo similar, explicó Carreira, hasta la semana 14, se realizan abortos farmacológicos, mas no legrados, legrados que sí que se realizan en el caso de abortos entre las semanas 14 y 22, y todos los que no son realizados en estos hospitales son derivados fuera de la provincia, a la Coruña o a Vigo, en función del lugar de residencia de cada mujer porque no hay ninguna clínica privada en la provincia que realice abortos.

En su intervención a nacionalista recordó que la Ley de plazos, aprobada en el año 2010, superaba a la ley de supuestos y nacía con un doble objetivo: despenalizar el aborto y garantizarlo cómo derecho de las mujeres sin más límite a su invocación que la libre e informada voluntad de ellas hasta la semana 14 de gestación y garantizar el ejercicio del derecho al aborto de manera gratuita, en condiciones de igualdad y con la máxima calidad asistencial, a través de la red sanitaria pública para el conjunto de las mujeres.

A juicio de la diputada, las clínicas privadas cada vez realizan más abortos amparadas, «presuntamente» por la objeción de conciencia de las y de los profesionales por un conflicto ético y/o moral. Es decir, «un conflito cos seus sentimentos e crenzas, fundamentalmente relixiosas».

En todo caso, dijo, «a obxección de conciencia» no puede suponer un impedimento para el ejercicio del derecho al aborto en la red sanitaria pública. Todo lo contrario, «a obriga das administracións e dos gobernos é velar porque sexa nos centros públicos onde se realicen as interrupcións voluntarias do embarazo, con todas as garantías, sendo excepcional a derivación á privada-concertada”. Hay una “irregularidade absoluta e flagrante» en la tramitación de las objeciones y eso es responsabilidad de la Xunta, aseveró.

Por otra parte, subrayó que la objeción de conciencia no es el único factor, la Xunta es responsable de la falta de recursos humanos y materiales en los Centros de Orientación Familiar y en los hospitales que obliga a la sanidad pública a asumir solo los abortos dentro de las 8 primeras semanas de gestación, en el caso de ser farmacológicos mas si las mujeres deciden optar por un aborto por aspiración, sedación o asistencia médica, son inmediatamente derivadas a una clínica privada porque no se practican en la mayoría de los centros públicos.

Carreira criticó que esta situación «non muda» porque «non hai voluntade política» y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres continúan a ser «ninguneados» además de reportar un «grade beneficio económico» para las clínicas privadas.

Tras la respuesta del gerente del Sergas, José Flores, que se comprometió a mejorar la asistencia a las mujeres en este ámbito, la nacionalista replico que «van 11 anos da aprobación da lei que garante o dereito de interrupción do embarazo na sanidade pública galega» y ese derecho no puede depender de sí una mujer nace en Ribadeo, Verín o en el centro de Santiago.

Todas las mujeres deben tener ese derecho garantizado al margen de su hospital de referencia por lo que «apelou novamente ao cumprimento do acordo parlamentario unánime do 26 de outubro do 2021 para garantir este dereito das mulleres na sanidade pública galega».