El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Juan Carlos Francisco, dio la voz de alarma hoy en el Parlamento gallego al revelar que la Xunta ha concedido la gestión de la Estación de Esquí de Cabeza de Manzaneda a una empresa relacionada con sociedades radicadas en Panamá y relacionadas con importantes casos de corrupción internacionales.
Juan Carlos Francisco intervino en el debate de una pregunta oral en la Comisión de Economía, en la que alertó de las implicaciones de la concesión de la gestión de Meisa, el pasado 31 de diciembre, a una empresa creada hace 10 meses, Artabria Turismo S.L., sin experiencia en el sector. Además, señala que la concesión fue realizada por el procedimiento negociado sin publicidad, o lo que es el mismo, «sen concurso público, dun xeito escuro e carente da máis mínima transparencia».
El responsable socialista señaló que, «fozando no Rexistro Mercantil», es posible conocer que dicha empresa pertenece a dos socios a través de otra sociedad intermedia, Cardagal Gestión S.L., que «forma parte dun conglomerado de sociedades radicadas en Panamá». En aquel país centroamericano, los socios de la sociedad adjudicataria «teñen un conxunto de sociedades nas que interveñen como directivos persoas imputadas», en diversos casos.
El rosario de causas incluyen, segundo explicó Francisco, «branqueo de capitais, transferencia ilícita de fondos ou casos de corrupción internacional como o relacionado coa empresa brasileira Odebrecht, corruptora de toda latinoamérica e parte do estranxeiro».
Esta empresa suscitó en 2016 la investigación con el mismo nombre por parte del departamento de Justicia de los Estados Unidos por sobornos a presidentes, ex presidentes y funcionarios de 12 países del continente durante los últimos 20 años.
Juan Carlos Francisco mostró su preocupación sobre el conocimiento de esta situación por parte de la Xunta, que «entendo que descoñecía, polo que sería bo que cando se adxudiquen este tipo de contratos se faga unha valoración efectiva do obxecto social das empresas adxudicatarias». Le recomendó al gobierno gallego que «revise as escrituras de constitución destas sociedades e o seu vencello con feitos de corrupción».
Criticó así la facilidad con la que el gobierno gallego hizo la concesión de la gestión de la Estación, luego de una deriva convulsa en los últimos años, y advirtió que «ter algún hotel ou casas en Panamá non habilita como experiencia de ningún tipo para xestionar unha estación de esquí e desestacionalizala para outros usos deportivos ou de ocio para que funcione, manteña o emprego e as comarcas poidan ter o dinamismo económico que merecen».
