Las trabajadoras del SAF de Pantón tienen derecho a una jornada semanal de 37,5 horas

Así lo declara la sentencia que viene de emitir el juzgado del Social nº1 de Lugo

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El Ayuntamiento de Pantón tendrá que reconocerle a las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda en el hogar una jornada laboral a tiempo completo de 37,5 horas a la semana, al igual que se le aplica al resto del personal laboral municipal. Así lo declara la sentencia que viene de emitir el juzgado del Social Nº 1 de Lugo, a raíz del conflicto colectivo presentado por la CIG ya que hasta ahora el Ayuntamiento obligaba a las trabajadoras del SAF que están a jornada completa a trabajar 40 horas a la semana.

A pesar de las peticiones de la CIG y de las trabajadoras en este sentido, el Gobierno municipal se negó en todo momento a reconocerle a este colectivo el derecho a tener una jornada laboral semanal de 37,5 horas, tal y como establece desde el año 2018 la legislación estatal para el personal del sector público, incluido las administraciones locales.

Para negarle este derecho -según la CIG- el Ayuntamiento se remitía al hecho de que las trabajadoras del SAF tenían en sus contratos una jornada de 40 horas semanales. Pero, a la falta de un convenio colectivo que regule las condiciones laborales del personal laboral del Ayuntamiento de Pantón, la jornada legal de aplicación es, y así se apunta en la sentencia, la que determina la legislación general en el ámbito de la función pública.

Y en este sentido, en la sentencia se recoge que «no cabe por contrato de trabajo fijar una jornada que excede la prevista en la norma legal». Además, en la resolución se determina que las trabajadoras del SAF tienen jornada semanal de 37,5 horas desde julio de 2018, por lo que ahora estas trabajadoras y el sindicato estudiarán la posibilidad de interponer también denuncias individuales reclamando las compensaciones que les corresponden por el exceso de jornada realizado.

La CIG critica que el Ayuntamiento no atendiese las justas y legítimas demandas de las trabajadoras, empeñado en la discriminación que sufrían con respeto al resto del personal municipal, y tener que ser finalmente la justicia quien le reconozca un derecho que ya tenían por ley.

Para la Confederación Intersindical Galega (CIG) «lamentabelmente esta é unha evidencia máis do escaso recoñecemento laboral e social que teñen as traballadoras que prestan os servizos de axuda no fogar (incluso cando o servizo se xestiona directamente pola administración, como neste caso), a pesar de que realizan un traballo esencial para centros de persoas».

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